Gerardo Villacreces Carbo

El juicio político contra la ministra Mónica Palencia, motivado por intereses políticos y falta de seriedad en el proceso.

Los juicios políticos en una democracia seria y madura, dentro del campo de una sensata, necesaria y sana fiscalización, en la que se pretende el equilibrio de los poderes del Estado, buscan la verdad objetiva, ajena a las simpatías, antipatías y/o conveniencias, en los que prevalece la razón y no el cálculo, ni el protagonismo acompañado de la vanidad. Si bien, como su nombre lo indica, el juicio es político y no judicial, no por ello sus procedimientos deben dejar de enmarcarse en el cumplimiento de las normas jurídicas que le competen y regula

Lo que el país está viviendo, con el pretendido juicio político en contra de la ministra del Interior Mónica Palencia, y de manera particular lo dado al inicio de esta semana en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, más allá del estridente y provocador comportamiento de la asambleísta Cabezas, impropio en cualquier situación, lugar y ocasión, la misma que, parecería estar acostumbrada a perder la cabeza y a provocar para que pierdan la cabeza los interpelados, está el fondo del asunto, esto es, la esencia de las intenciones. Me explico, se le acusa a la ministra, la misma que tiene a cargo principalmente la seguridad, de “incumplimiento de funciones”, cuando irónicamente resulta que, la bancada que impulsa dicho juicio se ha caracterizado justamente por solapar y/o avalar el cobijo y protección de delincuentes y de sentenciados por corrupción, lo cual evidentemente contribuye de manera contundente en favor de la inseguridad de la sociedad; todo lo cual, enmarcado y motivado muy probablemente en una suerte de retaliación política por el apresamiento de Glas.  Adicionalmente, y como si eso fuera poco, que en realidad es más que suficiente para restar credibilidad y fortaleza moral a dicho juicio, resulta que, la mencionada asambleísta (protegida de la inmunidad) se permitió realizar acusaciones verbales de orden personal en contra de la ministra, fuera de tono en todo sentido.

Y, adicionalmente y para mayor abundamiento, con el intento de incorporar como “prueba testimonial” la comparecencia telemática de un cuestionado personaje del gobierno de Correa, pretendiendo lo cual de una manera extemporánea, cuando en principio, las pruebas testimoniales deben ser anunciadas al inicio y no en el camino, ya que fuera de ser potencialmente forzado legalmente, podría poner en una situación de indefensión a la ministra. Así, lo mencionado, sonaría a emboscada, por cierto, muy típico de los revolucionarios, valiéndose de “testigos” no idóneos, justamente por estar cuestionados por sus conductas del pasado.

Poco antes de la pretendida intervención, al parecer por una maniobra política del oficialismo, quedó sin quórum la comisión, razón por la cual la ministra optó por retirarse, no sin antes y haciendo bien Palencia, el aclararle  a la interpelante de manera determinante sus razones en defensa de su honor, quizás en forma de una manera que pudo evitarse – que podría interpretarse como haber caído  en la provocación – pero comprensible, no por ello justificable, desde el punto de vista de la indignación.

Cabe indicar que, llama la atención, no es que la ministra vaya acompañada de un abogado o por un cuerpo técnico – jurídico de apoyo, sino por un también cuestionado abogado en particular (con rol principal), cercano al correismo en su momento y que con su gestión habría influido en la injerencia política en la justicia de la época.              

En conclusión, lo que se estaría dando es el descabezado intento de un disparatado juicio político, sin pies ni cabeza, en el que prima la insensatez, el agravio y el cinismo, a efectos de alzarse – en época prácticamente electoral – con la cabeza en señal de triunfo, mediante la pretendida destitución de una ministra, la misma que, viene realizando una intensa labor, no perfecta ni suficiente, pero que en esencia, ha diferencia de sus interpelantes, es y ha sido  enfrentar la delincuencia y la corrupción.