Estados Unidos prohibió la entrada a Rafael Correa, Jorge Glas y sus familias.

La historia se repite, diez años más tarde, con un dejo de justicia poética. La noticia de que el gobierno de Estados Unidos prohíbe el ingreso del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y sus familias por su participación “en significativos actos de corrupción durante su mandato” revive un capítulo ocurrido en 2014. Entonces, Correa levantaba el dedo acusador. Y el acusado era otro expresidente, Jamil Mahuad.

A fines de mayo de ese año, el gobierno de la Revolución Ciudadana anunciaba,: “Hemos logrado que ayer la Interpol haga la difusión roja del ciudadano Jorge Jamil Mahuad, quien está en Estados Unidos y obviamente nosotros comunicaremos del particular … para que inmediatamente se pueda lograr la detención”.

Desde la cuenta del ministerio del Interior de la época, se mencionaba que “Interpol sitúa con difusión roja a Jamil Mahuad por peculado”. Y determinaba que esta decisión era fruto de “un trabajo muy minucioso de información”.

No obstante, pese a las gestiones realizadas por el gobierno ecuatoriano de entonces, Interpol archivó la alerta roja. Según explicó el ente internacional, el artículo 3 de su estatuto le obligaba a estudiar toda la documentación. Interpol concluyó que el requerimiento se relacionaba con una medida económica adoptada cuando Mahuad era presidente, esto es, la del congelamiento de depósitos, decidida en marzo de 1999 en el contexto de la crisis financiera. Por eso, Interpol determinó que el caso tenía un matiz político.

A Correa, la noticia del archivo le hizo montar en cólera. En una entrevista con un medio cuencano aseguró que la decisión de Interpol “es un insulto a la justicia ecuatoriana” y luego agregó que también “es una ofensa al país, al Estado ecuatoriano”.

“Humanamente, cuánto habrá sufrido este tipo (Mahuad), cuánto tiempo lleva fuera del país, pero lo que es un insulto es que la Interpol diga: ‘No, esto es político’, y deseche un pedido de la justicia ecuatoriana”, según enfatizó en esa entrevista.

Fuentes del gobierno de la época afirmaron que la consigna oficial fue intentar revertir la decisión de Interpol. Para ello se fijó una partida presupuestaria especial. Del caso habría estado al tanto el contralor de entonces, Carlos Pólit. Para completar la paradoja, el excontralor Pólit acaba de ser sentenciado a diez años por la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.

CASOS DISTINTOS

Son dos expresidentes, pero cada historia tiene su particularidad. El caso de Jamil Mahuad se encontraba en auto de llamamiento a juicio cuando se produjo el impasse con Interpol. El proceso que involucra al exmandatario Correa tiene sentencia en firme, y está concluida la casación.

La sentencia condenatoria contra Mahuad fue notificada el 17 de mayo de 2017, siete días antes del cambio de gobierno. Lenín Moreno asumió la presidencia el 24 de mayo de ese año. Sancionar a los responsables de la crisis financiera de fin de siglo fue lema de campaña de Correa desde su primera candidatura, en 2006.

Mahuad gobernó de 1998 a 2000. En marzo de 1999 decretó un feriado bancario y el congelamiento de depósitos en el sistema financiero. Según la defensa del expresidente, fue la forma de enfrentar la aguda crisis económica que puso al país al borde de la hiperinflación. En el proceso de depuración del sistema financiero, casi la mitad de bancos se derrumbó. En enero de 2000, ese gobierno dolarizó la economía y días más tarde fue derrocado. Mahuad salió del país y actualmente reside en Estados Unidos.

EL CASO DE CORREA

Según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, Correa y Glas “no son elegibles para entrar en Estados Unidos, debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato”.

Según las autoridades de ese país, tanto el exmandatario como su exvicepresidente abusaron de sus cargos, “al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”.

La decisión fue comunicada en el contexto de demostrar que ese país está comprometido con “aumentar la transparencia gubernamental y exigir cuentas a los funcionarios públicos corruptos”.

Correa cuestionó la decisión y la forma en que ésta fue comunicada. Fustigó que su familia hubiera sido involucrada, incluyendo a su hijo que tenía apenas 14 años cuando él terminó su mandato. Y lamentó que al exponerse la identidad de los miembros de su familia se hubiera puesto en riesgo su seguridad.

Advirtió que la decisión tiene un matiz político pues, dijo que en pocos meses se celebrarán elecciones presidenciales en Ecuador. En ellas, según afirmó, Revolución Ciudadana parte como favorita. Daniel Noboa, a quien se refirió como ciudadano norteamericano y muñeco de cartón, “se desploma por ineptitud y corrupción”.

En su narrativa, se opera una política de lawfare, esto es, una persecución desde la esfera judicial, para desprestigiar a su movimiento e impedirle captar el voto popular en las urnas.