La destitución de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) —tres titulares y una suplente— el viernes por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), saca a la luz nuevamente la inestabilidad que ha caracterizado a ese polémico organismo.    

El CPC es una de las instituciones más poderosas del país y de las más apetecidas por sectores políticos, al tener competencia para la designación de autoridades de control, como Fiscal, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Judicatura, entre otros.

Desde el 2019 los siete consejeros que lo integran son elegidos en las urnas, por votación popular, y deberían durar cuatro años en sus funciones. La última elección se cumplió en 2023 y  resultaron elegidos Alembert Vera, Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Yadira Saltos, Mishelle Calvache, Nicole Bonifaz y Johanna Verdezoto.  

De este grupo “sobreviven” Fantoni, Bonifaz y Verdozoto. Los demás han sido destituidos o han renunciado y les han reemplazado quienes les seguían en votación obtenida en las urnas, quienes también han sido destituidos.

Efimera gestión 

Alembert Vera, que llegó a ser inclusive presidente del Consejo al inicio de este periodo, duró cinco meses en la institución, de mayo a octubre de 2023, ya que fue destituido por la Corte Constitucional.

Su puesto como consejero lo asumió Juan Esteban Guarderas, quien cumplió sus funciones entre octubre de 2023 y diciembre de 2024. Tras un año y dos meses de gestión fue censurado y destituido por la Asamblea tras un juicio político impulsado por la bancada correísta. 

Con su salida, se principalizó Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, expresidente de la República, sentenciado por corrupción. Franco Loor apenas estuvo un mes en el cargo, entre el 30 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025. Fue destituido por el TCE, al haber sido auspiciado por el correísmo durante su campaña, como parte de la ‘Liga Azul’.

Augusto Verduga ejerció el cargo durante un año y ocho meses (mayo de 2023 a enero de 2025). Fue destituido por el TCE por las mismas razones que Franco Loor. 

Yadira Saltos también fue parte de la Liga Azul, por lo que fue destituida por el TCE, al haber cometido una infracción electoral muy grave. Estuvo en el Consejo un año y ocho meses, entre mayo de 2023 y enero de 205. 

El caso de Mishelle Calvache fue diferente. Ejerció como consejera entre mayo de 2023 y agosto de 2024, cuando renunció para postularse como candidata a la vicepresidencia de la República, como binomio de Jan Tópic, quien finalmente no fue calificado como candidato presidencial por parte del TCE, por lo que los dos quedaron fuera de la contienda electoral. Tras su renuncia como consejera asumió el cargo Jazmín Enríquez, quien continúa en funciones. 

El panorama actual 

Con estas destituciones y renuncias, al momento, tras la decisión del TCE, están como consejeros en principales: Fantoni, Bonifaz, Verdozoto y  Enríquez. Faltan tres cupos por llenar.  Dos de ellos ya están definidos. Gonzalo Albán Molestina y Piedad Cuarán están posesionados ante la Asamblea como consejeros, suplentes por lo que se principalizarán en la próxima sesión del Consejo. 

Albán será el reemplazo de Verduga, a quien ya lo ha sustituido en anteriores ocasiones. Incluso desde el miércoles cuando el ahora exconsejero solicitó vacaciones. Albán es consultor en Gestión Pública y Políticas Públicas, profesor de pre y postgrado. La semana pasada  manifestó que no representa ni tiene ninguna agenda de impunidad, ni agenda judicial. “Mi representación es enteramente ciudadana», dijo y marcó distancia con la mayoría correísta que hasta ese momento dominaba el Consejo de Participación.   

En cambio, Cuarán reemplazará a Saltos. Ha participado en otras ocasiones  como consejera suplente y fue funcionaria de esa institución. Se define como activista social.

El cupo que deja Eduardo Franco Loor es el que está en disputa por parte de David Rosero y Óscar Ayerve. Ninguno de los dos ha sido posesionado por la Asamblea. 

Rosero tiene mayor votación que Ayerve, por lo que en el orden de sucesión le correspondería asumir el cargo. Sin embargo, el 23 de enero de 2023 fue destituido junto a otros seis consejeros por parte de la Corte Constitucional. La destitución implica la inhabilitación de ejercer cargo público por dos años, es decir hasta el 23 de enero de 2025. Durante su gestión Roseró votaba con consejeros identificados con el correísmo y el Partido Social Cristiano. 

Por su parte, Ayerve, activista político, exige ser posesionado por la Asamblea y asegura que Rosero tiene impedimento de regresar al Consejo de Participación, ya que la Ley establece que el reingreso no puede darse a la institución de la cual fue destituido.