El caso Purga destapó presuntas irregularidades en los fallos judiciales de al menos seis jueces de Guayas. La Fiscalía ha revelado las causas que se procesaron de forma ilegal y con documentación falsa.

En la lista está un proceso que involucra al exasambleísta Pablo M. y su esposa. Según la información fiscal, el matrimonio del exlegislador se benefició de USD 4 millones del Banco del Pacífico.

¿Cómo lo hizo? Según la información de Fiscalía, el exasambleísta adquirió préstamos en el Banco del Pacífico entre 1989 y 1999. El valor de la deuda que mantuvo con la entidad financiera era de USD 314.800. Esa inversión habría sido destinado para la compra de una camaronera.

Pero los registros bancarios señalan que el exlegislador habría cancelado cerca de USD 60.000. La pugna judicial se conoció en 2019 cuando el entonces asambleísta interpuso un recurso de habeas data para que el Banco del Pacífico registre el pago de su deuda.

DEMANDA MILLONARIA

Sin embargo, el Banco del Pacífico no tenía registro de los pagos. De hecho, se habría constatado que el exlegislador falsificó 13 notas de crédito. Así lo señala la acusación que realizó la Fiscalía en el caso Purga.

El conflicto legal fue a parar en manos de Reinaldo C., quien también fue detenido por el caso Purga. Según la Fiscalía, el exlegislador utilizó su poder político para que el juez fallara a su favor y demandó por “daños causados” al Banco del Pacífico por USD 4 millones. La demanda resultó a favor del exasambleísta y su esposa.

La información fiscal también revela que el político también tuvo nexos con Fabiola G, cuando fungía como presidenta de la Corte Provincial del Guayas. “Pablo M, habría financiado la campaña y la operatividad (de la funcionaria)”, señala un informe fiscal.

DE VENDER SÁNDUCHES A TENER PROPIEDADES DE USD 200.000

Otro dato que se conoció en las últimas horas fue que “a través de decisiones judiciales, un primo del exlegislador (también detenido e investigado) se benefició de un habeas data que le permitió apropiarse de un terreno en Durán (valorado en USD 200.000)”.

Esto ocurrió pese a que el primo del exasambleísta tenía una actividad económica de venta de sánduches. Así lo revela la investigación que fue liderada por la fiscal General Diana Salazar. El Telégrafo

Por todos estos hechos, la Fiscalía formuló cargos en contra de 12 procesados por el delito de delincuencia organizada. La diligencia se retomó este martes, 5 de marzo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia.