La Estrategia Nacional Anticorrupción, que presentó el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, en julio de 2022, se convirtió ahora en la Política Nacional de Integridad Pública 2030, de la Función Ejecutiva.
Al igual que en otros procesos, el presidente Daniel Noboa está cosechando los frutos sembrados por el gobierno anterior. Positivos, en este caso. El Mandatario oficializó, el 22 de julio de 2024, la Política Nacional de Integridad Pública 2030, con el Decreto Ejecutivo No. 337.
El documento establece ocho líneas estratégicas para su ejecución, de carácter obligatorio para la Función Ejecutiva. Cada una enumera el problema a tratar, sus causas y efectos. Y la Secretaría de Integridad Pública será la encargada de dar seguimiento:
El documento refleja el fin de un proceso que inició en 2021 y que deberá ser ahora la base para la lucha conjunta de las instituciones de la Función Ejecutiva contra la corrupción.
Además, establece responsabilidades institucionales específicas para la aplicación de cada lineamiento. Entre ellas, por ejemplo, las secretarías de Integridad Pública y de Administración Pública, los ministerios de Finanzas, Educación y de Telecomunicaciones, el Servicio Nacional de Contratación Pública y la Función Ejecutiva.
Orígenes de la estrategia anticorrupción
Se trata de un proceso estatal que nació en septiembre de 2021, con Luis Verdesoto, entonces consejero del presidente Guillermo Lasso y posterior secretario Anticorrupción. El 12 de noviembre de ese año arrancó formalmente la construcción de la Política Pública Anticorrupción, para lo que se conformaron equipos y se crearon metodologías, con las que se recabó información hasta marzo de 2022.
Este proceso incluyó talleres, encuestas, reuniones con instituciones públicas, ONGs, representantes privados, sociedad civil y el apoyo técnico de la cooperación alemana (GIZ), estadounidense (Usaid), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Grupo Faro.
Y, finalmente, en julio de 2022, el gobierno de Lasso llegó a una conclusión: el Estado ecuatoriano tiene nueve áreas de «alto riesgo» para la corrupción. Y, con base en eso, Verdesoto presentó el documento de la Estrategia Nacional Anticorrupción, que contenía, en ese momento, ocho lineamientos:
- Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
- Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la prevención y lucha contra la corrupción.
- Lucha focalizada en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
- Prevención y trámite efectivo de conflictos de interés.
- Transparencia en el gasto público.
- Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y sus competencias.
- Contratación pública responsable y transparente.
- Prevención y lucha contra la corrupción transnacional.
Este último lineamiento recogía el problema de la falta de capacidades técnicas para responder a fenómenos relacionados con la dimensión transnacional de la corrupción. Pero no consta en el documento emitido ahora por Noboa, pese a la lista de efectos institucionales, económicos y socioculturales negativos que fueron establecidos durante la construcción de la estrategia.
El documento original de 82 páginas es la fuente central sobre la que la Función Ejecutiva, liderada por la Secretaría Anticorrupción, ahora denominada de Integridad Pública, continuó trabajando para presentar la Política Nacional de Integridad Pública vigente.
Aunque se trató de un compromiso adquirido por el gobierno anterior, el presidente Daniel Noboa y su equipo decidieron darle continuidad y plasmarlo como una política pública de Estado.Pero, al tratarse de una norma emitida vía decreto ejecutivo, esta podría ser modificada o eliminada en cualquier momento por el gobernante de turno. Así lo hizo Noboa con el Código de Ética emitido por Lasso, lo cambió y finalmente lo eliminó en febrero de 2024.
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